por Franny Rabkin

Después de una mañana de debate, el Tribunal Constitucional dictaminó el día jueves que los comerciantes informales legales de Johannesburgo pueden regresar al centro de la ciudad y continuar con sus actividades comerciales. S

Los miembros del Foro de Comerciantes Informales de Sudáfrica (SAITF) y de la Asociación Nacional de Comerciantes Minoristas de Sudáfrica, algunos de los cuales han comercializado legalmente en las calles de Johannesburgo durante más de 20 años, fueron desalojados como parte de la "Operación de Barrido Limpio" de la ciudad – una iniciativa para librar a la ciudad de los vendedores ambulantes ilegales.

Después de haber sido rechazados por la Corte Suprema, la cual no atendió su caso por no ser urgente, ellos se dirigieron inmediatamente al Tribunal Constitucional. "El fallo fue en favor de todos los comerciantes que fueron desalojados por la municipalidad de Johannesburgo, pudiendo actualmente resumir sus actividades comerciales", dijo el jueves por la tarde el vicepresidente de SAITF, Phumulani Ndlovu.

Se ordenó a la municipalidad pagar los costos de la aplicación. El Sr. Ndlovu dijo además que el tribunal ha ordenado a la municipalidad no interferir con los comerciantes informales que operan en las calles.

El abogado del foro, Paul Kennedy SC, anteriormente manifestó haber indicado a la corte que la municipalidad desalojó a todos los comerciantes – incluidos los legítimos, al tratar de limpiar la ciudad de los comerciantes ilegales, sin ninguna ley que los autorice a hacerlo.

Debido a la acción tomada por la municipalidad, manifestó que los comerciantes se encuentran actualmente "en un verdadero estado de crisis". "Estas son personas que progresaron por ellas mismas, a pesar de los problemas de la mala educación bajo el periodo del apartheid, a pesar de los problemas de desempleo, crearon negocios viables por sus propios recursos" dijo.

Afirmó que a pesar de que era muy raro que intervenga el más alto tribunal, en este caso hubieron circunstancias excepcionales, ya que en la realidad, su apelación hubiese sido procesada solamente en febrero, lo que hubiese sido demasiado tarde.

El abogado de la asociación, Chris Georgiades, estuvo de acuerdo, indicando que la municipalidad tenía la obligación de proteger a sus ciudadanos. En cambio, dijo, ha hecho todo lo contrario: ha abusado de los comerciantes y los ha tratado como a delincuentes.

El abogado de la municipalidad Gcina Malindi SC, fue bombardeado con una serie de preguntas de la magistratura del Tribunal Constitucional, admitiendo finalmente que se veía "obligado a admitir" que la municipalidad no había seguido los procedimientos correctos cuando se trataba de los comerciantes legítimos.

Sin embargo, después de tener discusiones con su cliente para ver si la municipalidad estaba dispuesta a llegar a un acuerdo, el Sr. Malindi manifestó en la corte que la municipalidad no llegaría a un acuerdo, pero estaba dispuesta a permitir que los comerciantes que habían sido verificados como legítimos, después del inicio de la Operación de Barrido Limpio, podrían volver a sus puestos de ventas.

Sin embargo, Steven Budlender, el abogado asistente del señor Kennedy, dijo que esto no era suficiente. Dijo además, que la misma municipalidad ha admitido que todos ellos habían sido comerciantes legítimos y, para evitar más litigios, el tribunal debe ordenar que se les permita volver a comercializar a todos los miembros del foro y de la asociación.

Con la Asociación de Prensa Sudafricana (SAPA)

Proviene del Business Day – www.bdlive.co.za