Ha sido formada una coalición de organizaciones con el fin de desafiar a la municipalidad de la Ciudad del Cabo, en su reciente promulgación de las ordenanzas municipales con las que pretende unificar los múltiples sistemas fragmentados de zonificación bajo un sistema único de zonificación. La coalición está formada por las siguientes organizaciones: La Coalición de Comerciantes Informales de la Provincia Occidental del Cabo, la Asociación Somalí de Sudáfrica, COSATU de la Provincia Occidental del Cabo, PASSOP, el Foro Nacional de Consumidores, el Consejo Sudafricano de Iglesias, la Fundación Scalibrini y el Centro de Recursos Legales.

La Coalición considera que a pesar del preámbulo de las ordenanzas municipales indicando que la intención de las mismas es estimular el empleo en el sector informal y facilitar el comercio, la aplicación de las disposiciones de esta ordenanza municipal tendrá el efecto contrario.

La Coalición estima que hasta un 70% de las tiendas SPAZA existentes en la gran municipalidad de la Ciudad del Cabo tendrán que cerrarse debido a que no podrán cumplir con los estrictos requisitos.

De estas disposiciones la más perjudicial es la sección 5.2.3 la cual requiere que exista para el comercio una estructura independiente, y que ninguna área utilizada para el comercio tenga acceso directo a un dormitorio o baño. Estas disposiciones claramente están dirigidas a los comerciantes más vulnerables que a duras penas subsisten y que viven en casas de una habitación proporcionadas por el Programa de Reconstrucción y Desarrollo (RDP) o en casuchas de una habitación en los poblados informales y por consiguiente quedan automáticamente excluidas de la actividad comercial.

El horario restrictivo de la actividad comercial tendrá un impacto dramático en los consumidores que dependen de las tiendas Spaza para la compra de sus productos de uso diario, lo que causaría problemas para los residentes que tendrían que ir por la noche y los domingos a los centros comerciales para comprar el pan. El horario restrictivo de la actividad comercial representa una mayor preocupación debido a que las tiendas formales en las zonas residenciales están abiertas las 24 horas del día, sobre todo las tiendas de conveniencia en las gasolineras, pero estas tiendas cobran un recargo que los consumidores pobres no pueden pagar.

La Coalición ha pedido a la Municipalidad imponer una moratoria en la aplicación de estas ordenanzas municipales y permitir una mayor consulta y una amplia participación. La Coalición sostiene que no hubo suficiente participación de las partes interesadas y que estas ordenanzas municipales están siendo implementadas sin el debido proceso y sin la suficiente difusión de los nuevos requisitos para las personas directamente afectadas.

La posición adoptada por la municipalidad de que ya no existe la posibilidad de diálogo y de que el proceso de consulta excedió los requisitos reglamentarios, es un punto de controversia, debido a que ninguna organización reconocida que representa a los comerciantes informales recibió una comunicación sobre la implementación de la inminente ordenanza municipal.

La Coalición desea atraer la atención sobre el impacto social que tendrán estas normativas en la economía informal y formal, dejando desempoderadas a muchas familias pobres y con la cadena de distribución ascendente que se encuentra ya en crisis económica, se producirán más pérdidas de trabajos, y siendo especialmente inevitable en la industria de ventas al por mayor.

Con un desempleo alrededor del 40 por ciento en Cape Flats, es moralmente justificable penalizar a aquellos que en nuestras comunidades han demostrado la iniciativa empresarial que les permite valerse por sí mismos y crear más puestos de trabajo en la economía informal.

La pregunta que cabe hacerse es de si estas ordenanzas municipales fueron diseñadas para beneficiar a las corporativas minoristas que invaden cada vez más los poblados con la proliferación de centros comerciales.

¿Son estos requisitos poco realistas e injustificables que han sido impuestos en las tiendas SPAZA un intento disimulado para eliminar la competencia de las grandes empresas, especialmente las corporativas minoristas, que son el grupo preferido del partido político gobernante de la Ciudad en la actualidad.

La criminalización del sector informal tiene graves consecuencias para las agencias del orden público, con el cambio de su enfoque de la delincuencia real a la aplicación de las ridículas ordenanzas municipales. Los nuevos acosos a los comerciantes informales por parte de la policía y de las autoridades de la municipalidad causan una ruptura de la confianza y convierten especialmente a los comerciantes informales en víctimas de los elementos criminales que les extorsionan “impuestos” y los abusan. Los comerciantes no pueden confiar en la policía para la debida protección, ya que la policía es considerada como parte de un sistema opresivo.

La Coalición desea plantear la grave situación del sector informal al dominio público con el fin de obtener apoyo para su petición de una mayor consulta y una moratoria sobre la aplicación de las disposiciones de estas ordenanzas municipales que tienen un impacto directo en el sector. Nuestro llamamiento es por el respeto de los principios democráticos de la participación de las partes interesadas y una consulta mutua con las personas directamente afectadas.

Retenemos nuestro derecho a impugnar estas ordenanzas municipales en el Tribunal si la Municipalidad continúa con su negativa de participar en un debate constructivo y se comprometa a resolver este asunto de una manera flexible y amistosa.

NUESTRA CONSIGNA PERMANECE: ¡PARA NOSOTROS, NADA, SIN NOSOTROS!

Emitido por:

La Coalición de Comerciantes Informales de la Provincia Occidental del Cabo Riedewaan Charles
La Asociación Somalí de Sudáfrica Abdul Kader
El Foro Nacional de Consumidores Imraahn Mukaddam 0737946092
COSATU – Provincia Occidental del Cabo Mike Louw
PASSOP Braam Hanekom
El Consejo Sudafricano de Iglesias
El Centro de Recursos Jurídicos William Keerfoot
La Fundación Scalibrini

Juntos en la lucha por los Derechos del Consumidor y la Justicia Social