20 de Julio de 2016
Por Pedro Luis Ramírez B.
Pedro Luis Ramírez B. es miembro del Equipo de Auditoría de StreetNet Internacional (SI) que forma parte del Comité Ejecutivo de StreetNet. Es también Presidente Nacional de la Unión General de Trabajadores en la Economía Informal UGTI-CUT (Colombia). A continuación habla de la situación de los vendedores ambulantes en su país.
El mundo observa con complacencia como el gobierno de Colombia se prepara para firmar el acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC. Se espera que éste dé fin a la violencia política que ha caracterizado la historia de nuestro país desde hace 60 años. La mayoría de los colombianos queremos expresar nuestro apoyo por este acontecimiento.
Sin embargo, ese mismo gobierno ha decidido ahora declararle la guerra a los trabajadores pobres de la venta ambulante mediante la expedición de un Código de Policía que les prohíbe sus actividades comerciales. Esto ha hecho retroceder los avances logrados por los comerciantes en su lucha por el derecho a trabajar. Estos avances fueron formalmente reconocidos por la Corte Constitucional, que es máxima autoridad jurisdiccional en el país. Los Alcaldes Locales ahora están haciendo burla de estos logros constitucionales. Han procedido, como ha ocurrido en la ciudad capital de Bogotá, con la persecución y el maltrato de los vendedores ambulantes, incluyendo la confiscación de sus bienes.
Desde luego, el Código de Policía es uno de los componentes de un Estado Policiaco organizado que quiere disuadir y prevenir la aparición de la movilización y protesta social en una sociedad caracterizada por sus desigualdades, injusticias e inequidades. Dentro de éste, la pobreza es penalizada; los pobres son estigmatizados como una clase peligrosa. Los vendedores ambulantes se convierten en “cabeza de turco” para las acciones de las autoridades estatales. El Estado utiliza los medios de comunicación para explicar sus acciones como parte de la lucha contra la inseguridad urbana. Sin embargo, su verdadero propósito es intimidar a una población que está despertando a la realización de la necesidad de defender su dignidad y derechos ciudadanos.
En Bogotá, se avanzó en la última década en este sentido, gracias a la movilización organizada de los vendedores ambulantes y la consulta con los gobiernos de la izquierda democrática, que ganaron en tres sucesivas elecciones del gobierno local. Se establecieron normas para permitir el uso económico de los espacios públicos y la protección de los vendedores ambulantes del abuso policial y de los alcaldes, a través de un debido proceso y leyes.
Como resultado, las autoridades de la ciudad están obligados a cambiar su comportamiento de persecución permanente de los vendedores ambulantes, que los ha caracterizado a través de la historia en el siglo 20. Esta obligación es más clara después de que la Corte Constitucional consideró que en un Estado Democrático y Social se entiende que un vendedor ambulante se involucra en la venta como medio de vida, debido a la incapacidad del Estado para garantizar empleo decente; que los desalojos y incautaciones le impiden la realización de esta actividad, y lleva al trabajador al total desempleo; y que este enfoque no sólo no se corresponde con el ejercicio de la autoridad dentro de la constitución que nos rige, sino que además agrava el problema del desempleo que nos aqueja como sociedad. Por lo tanto, la actividad del trabajador informal debe ser entendida como una solución que contribuye a cubrir las responsabilidades que el Estado no cumple relacionadas con las políticas de empleo y el derecho a trabajar.
Sin embargo, la llegada del nuevo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha cambiado las cosas. Peñalosa es caracterizado como enemigo de los trabajadores de la venta ambulante por todas sus acciones para desaparecer la venta ambulante, destruir sus organizaciones y violentar sus derechos como ciudadanos en su primer mandato, en el periodo de 1997-2000. Han habido acciones del gobierno en esa misma dirección con los desalojos, maltratos y decomisos. Èstas son ilegales pero son pasadas por alto como necesarias para la seguridad. Los vendedores ambulantes son presentados por los medios de comunicación como personas que son manipuladas por las “mafias” de sus organizaciones y dirigentes que los explotan y comercializan con el espacio público.
Recientemente, un Juez ordenó a Peñalosa a concertar con las organizaciones de vendedores ambulantes, él públicamente dijo que no haría esto.
La UGTI, que se ha constituido en el corazón de los Comités Locales y Distritales en la ciudad capital, ha jugado un papel destacado en el país en la modificación de las normas y prácticas de gobierno que criminalizan las actividades y permiten los desalojos de vendedores ambulantes.
También se organizó una multitudinaria movilización de los trabajadores de la venta ambulante el pasado 29 de febrero. Estamos trabajando duro para realizar una reunión de Cabildo Abierto – una forma de participación ciudadana que permitirá a los vendedores ambulantes confrontar públicamente al actual Alcalde acerca de sus discursos difamadores que los estigmatizan, así como las medidas inconstitucionales e ilegales que violan sus derechos como ciudadanos y trabajadores, y obligar a la concertación y diálogo social.
