Las organizaciones que representan a más de 2,1 millones de personas trabajadoras en empleo informal de todo el mundo piden a los gobiernos que aceleren las inversiones en protección laboral como componente central de los planes de recuperación económica.
Debido a las medidas de aislamiento social obligatorio tomadas hace un año a causa de la COVID-19, las personas trabajadoras en empleo informal de todo el mundo perdieron sus medios de subsistencia, sumiendo a sus familias en crisis económica y en hambre.
El aislamiento social obligatorio también puso de manifiesto el papel fundamental que desempeñan muchas personas trabajadoras en empleo informal en la sociedad, ya sea prestando servicios como la recolección de materiales reciclables y las tareas de cuidado para las familias, o produciendo bienes para los mercados locales y contribuyendo a la seguridad alimentaria mediante la venta de productos asequibles. Cuando las personas trabajadoras en empleo informal se vieron obligadas a dejar de trabajar, quedó claro lo importantes que son para el funcionamiento de los pueblos y ciudades.
Desde lo más profundo de la crisis, en mayo de 2020, pedimos a los gobiernos que reconozcan el papel esencial que desempeñan las personas trabajadoras en empleo informal en las economías locales y mundiales; que se asocien con las organizaciones de personas trabajadoras para garantizar enfoques sólidos de ayuda y recuperación; y para no hacer daño y poner fin a las prácticas de acoso, violencia y desalojos forzosos.
Sin embargo, a lo largo del año, las personas trabajadoras en empleo informal han recibido una ayuda gubernamental limitada e irregular y se han enfrentado a una exclusión sistemática de los planes y políticas de recuperación, así como a una violencia y un acoso continuos en diversos contextos.
Instamos a las personas responsables de la formulación de políticas a que cuando planifiquen la recuperación económica, adopten las siguientes medidas:
Invertir en políticas que proporcionen asistencia social, seguros sociales inclusivos, atención sanitaria y servicios de cuidado infantil a las personas trabajadoras.
Los gobiernos deben proteger -no recortar- el gasto en asistencia social, seguridad social y servicios sociales esenciales: políticas y programas que protejan a las personas trabajadoras y a sus familias de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión.
Las instituciones financieras mundiales pueden apoyar a los gobiernos en esta tarea poniendo fin a las prácticas que se traducen en medidas de consolidación fiscal perjudiciales que afectan de forma desproporcionada a las personas trabajadoras en situación de pobreza y de vulnerabilidad y que aplastan el gasto público esencial.
Garantizar que las políticas de protección social y las protecciones laborales funcionen conjuntamente para proteger a las personas trabajadoras de la pobreza.
La protección social no puede compensar por sí sola las desigualdades producidas por políticas injustas y punitivas que empeoran las condiciones de trabajo. Las instituciones mundiales deben dejar de promover la flexibilización de los mercados laborales y empezar a aplicar protecciones básicas tanto para las personas asalariadas como para las personas trabajadoras por cuenta propia.
Todas las personas trabajadoras tienen derecho a la negociación colectiva y a ser invitadas al debate cuando los gobiernos discuten políticas que afectan a sus vidas. Todo el trabajo, incluido el informal, debe estar cubierto por protección laboral para que todas las personas trabajadoras puedan acceder a un trabajo decente.
Los gobiernos municipales deben poner fin a la práctica de desalojo de los espacios públicos de las personas trabajadoras en empleo informal y garantizar que se proteja la seguridad de los medios de subsistencia, especialmente de las mujeres. Las personas trabajadoras y sus medios de subsistencia deben tener prioridad en los procesos de planificación urbana.
Los gobiernos y las instituciones multilaterales deben garantizar que las marcas mundiales se responsabilicen por el bienestar de las personas trabajadoras, independientemente de su grado de proximidad en la cadena de suministro, y pongan fin a las prácticas que impulsan los beneficios a través de condiciones laborales abusivas, en particular para las mujeres que trabajan desde casa como contratistas dependientes en las cadenas de suministro mundiales.
Reconocer el papel fundamental que las organizaciones de personas trabajadoras en empleo informal han desempeñado en los esfuerzos de ayuda en el marco de la crisis de la COVID-19 y el rol que deben desempeñar en la recuperación económica.
Las organizaciones de personas trabajadoras en empleo informal han sido actores vitales en los esfuerzos de ayuda durante la crisis de la COVID-19. Desde el intercambio de información en materia de salud que salva vidas hasta la movilización de donaciones y la entrega de alimentos, mascarillas y alcohol en gel, debe reconocerse su papel crucial en la vinculación de las personas trabajadoras con las medidas de ayuda durante esta crisis.
Para ello, los gobiernos deben incluir a las personas trabajadoras en empleo informal en las principales plataformas de toma de decisiones, garantizar el apoyo financiero a las organizaciones de personas trabajadoras que participan en la prestación de servicios a las personas trabajadoras, y apoyar a las organizaciones de personas trabajadoras en empleo informal que han sido fundamentales para sostener a sus miembros cuando los gobiernos se han quedado cortos.
Un año después del inicio de la pandemia, los gobiernos reconocen que las personas trabajadoras en empleo informal son esenciales para la economía y la sociedad a nivel local y mundial. Se necesitan inversiones urgentes y adecuadas en asistencia social, seguros sociales y servicios sociales clave, como la salud y servicios de cuidado infantil, para garantizar que las 2 mil millones de personas trabajadoras en empleo informal del mundo puedan recuperar sus medios de subsistencia ahora y protegerlos en el futuro.
Las organizaciones abajo firmantes son miembros del creciente movimiento mundial de personas trabajadoras de la economía informal y representan conjuntamente a más de 2,1 millones de miembros en todo el mundo.
International Domestic Workers Federation (IDWF)
Elizabeth Tang, General Secretary
StreetNet International
Oksana Abboud, International Coordinator
HomeNet International
Janhavi Dave, International Coordinator
Global Alliance of Waste Pickers
Soledad Mella, Samuel Samzao and Jerry Johnson, Waste Picker Leaders
Technical Support
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)
Sally Roever, International Coordinator
